INTERNACIONAL    

Once relatores ONU

Denuncian represión del Gobierno nicaragüense

• La Organización de Estados Americanos (OEA) eligió a países que conforman grupo de trabajo para analizar crisis en el país centroamericano

Ginebra.- Un grupo de once expertos en derechos humanos de la ONU exhortó ayer al Gobierno de Nicaragua a detener la represión en el país tras 100 días de protestas en los que al menos 448 personas han muerto y 1.830 han resultado heridas.

“Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país”, declararon los expertos en un comunicado al que accedió la agencia EFE.

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo’”, agregaron.

VIOLENCIA

El texto de los relatores especiales detalló cómo durante el mes de abril “fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido de Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social”.

Las protestas han disminuido recientemente, pero los expertos censuran que «las voces críticas hacia el Gobierno siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos».

Explícitamente critican que los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica.

“Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como «›erroristas› y ‹golpistas›, y aparentes intentos de socavar a la oposición”.

LEGISLACIÓN

“También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, subrayaron los expertos de la ONU.

Los relatores denunciaron “que estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo” y subrayaron que su preocupación se acentúa “por el nivel de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos, entre las cuales se cuentan actos de violencia de género contra mujeres defensoras perpetrados por agentes del orden público y elementos paramilitares”.

“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”, concluyeron.

DERECHOS HUMANOS

Según la agencia EFE, firman el comunicado los relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulé; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard.

Además, suscriben el texto los relatores especiales sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Puras; sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, Ivana Radani.

Asimismo, apoyan el texto la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; el presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Bernard Duhaime; la relatora especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, Seong-Phil Hong.

GRUPO DE TRABAJO

El Nuevo Diario reflejó el pronunciamiento del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que anunció ayer la conformación de los países que conformarán el “Grupo de Trabajo” para analizar la crisis en Nicaragua, y que el gobierno de Daniel Ortega ha rechazado, al calificarlo como “injerencista”.

La OEA aprobó el pasado dos de agosto la conformación del Grupo de Trabajo y ayer la Cancillería de Argentina anunció cuáles países lo integrarán.

Según el documento, el grupo de trabajo de la OEA estará integrado por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guyana, México, Panamá y Perú.

El pasado 2 de agosto se aprobó un Proyecto de Resolución presentado por ocho países ante la OEA, el cual, entre sus puntos principales establece: Crear un Grupo de Trabajo para Nicaragua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Consejo Permanente, cuyo mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua, reportó el medio nicaragüense.

El Grupo de Trabajo para Nicaragua coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales.

Además, el Grupo de Trabajo para Nicaragua estará compuesto por un representante de cada grupo regional y otros Estados Miembros comprometidos con los objetivos de esta resolución, a ser designados por la Presidencia del Consejo Permanente en consultas con los coordinadores de los grupos regionales, a más tardar el 10 de agosto, y en apego a todo lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Consejo Permanente. (EFE - Agencias)

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