OPINIÓN    

Recintos carcelarios en nuestro país

Remy Solares Angulo

La ONU calificó de “nefastas” las condiciones de las cárceles en América Latina, asegurando que ningún país cuenta con las condiciones óptimas para la mantención y reinserción de reos. Señaló a los gobiernos latinoamericanos por no prestar atención a los recintos carcelarios, además de no invertir los fondos necesarios para que éstos tengan las condiciones necesarias para vivir en ellos.

Por otra parte expresó que no contemplan en su agenda de trabajo las reformas del sistema carcelario ni del sistema de justicia criminal y afirmó que las condiciones de hacinamiento en las cárceles son producto de que se ha hecho poca inversión en esta área, además de que existe una tendencia a penalizar todo y de esta forma enviar mucha gente a centros de reclusión. Recordemos la violencia que se genera en los centros penitenciarios, como sucedió en Bolivia en Palmasola, donde cometen abusos policías y prisioneros.

Al abandono de presos por parte de sus familiares se suma el abandono de autoridades a su salud, alimentación y hasta celdas donde algunos pasará los últimos días de sus vidas.

La violación a los DDHH es el común denominador en los recintos penitenciarios de Bolivia, donde el hacinamiento y la retardación de justicia son el origen de la vulneración de muchos derechos, lo que degrada su condición humana. Algunos presos manifiestan que “para las autoridades somos personas sólo hasta el día de la audiencia”.

Sus derechos están protegidos por la Constitución Política del Estado, pero son vulnerados en las cárceles, como el derecho a la integridad física y psicológica, a la alimentación, a salud, a vivienda adecuada, a servicios básicos, y a su intimidad.

Según normativas, los reclusos deben tener un espacio de dos por dos metros para vivir, sin embargo ellos sólo cuentan con espacio para una colchoneta de 90 centímetros por 1 metro de largo. “Existen muchos internos que viven con sus hijos y todos deben caber en el mismo espacio. Llevar el alimento a la boca es un desafío de todos los días. Los pre-diarios son irrisorios y llegan con demora, y luego de violentos motines”.

Algunos se sostienen con la venta de productos artesanales o el lavado de ropa. El maltrato y la violencia son actos recurrentes que impresionan y afectan a los niños que viven con sus padres. El abandono de los familiares es un común denominador. “Desde que ingresé, él siempre ha estado solito, nadie lo visita”, dice algún preso sobre otro. La situación de las cárceles es uno de los problemas más graves y complejos, que tiene que ver con aspectos económicos, sociales y políticos y su solución no se la puede encarar con medidas aisladas. La retardación de justicia y el constante aumento de detenidos con carácter preventivo o político derivan en el hacinamiento, además de que continúa la violencia por parte de fuerzas policiales. Todo ello refleja una notoria debilidad del sistema de control.

El Estado no tiene una política penitenciaria en correlación con lo que establece la Comisión Interamericana de DDHH a través de los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad”. El Estado debe asegurar la calidad de la infraestructura, salubridad, alimentación, con trato humano digno, con igualdad y sin discriminación, facilitando comunicaciones, un debido proceso legal, control judicial de penas y su ejecución. El Estado no está cumpliendo con estos principios, si bien hay acceso a la educación, es de forma limitada, al igual que el acceso a la salud, pues los médicos no dan permanente atención. Y finalmente se debe determinar un proceso de rehabilitación de reos.

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