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Departamento de La Paz

El Alto registra mayor violencia

La Delegada Departamental, La Paz, de la Defensoría del Pueblo, dio a conocer que niños y mujeres embarazadas son víctimas de violencia, de acuerdo con las cifras, las denuncias recibidas llegan a 2.500, donde El Alto refleja el mayor índice.

El informe establece que cerca de 1.500 denuncias están referidas a la violencia física y psicológica ejercida en contra de las mujeres, en la mayoría de los casos, las víctimas se encuentran en estado de gestación. Mientras que el restante de las 1.000 denuncias son hechos de violencia física que se realiza por parte de los progenitores, uno de ellos o ambos.

“En definitiva, estos datos generan preocupación, porque pese a la implementación de la Ley 348, pese a los trabajos que realizan diferentes instituciones sobre las políticas de información y prevención de la norma, vemos que no es fácil su aplicación más aún cuando nos mantenemos en un sistema individualista y capitalista, donde no es posible modificar el cambio de mentalidad respecto al machismo o el patriarcado”, indicó Teresa Zubieta, delegada Departamental.

Las víctimas, si bien en algunos casos presentan su denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, también llegan a apersonarse a las oficinas de la Defensoría, tanto en El Alto como en La Paz, donde muestran los resultados de la violencia ejercida en contra de ellas.

Otro grupo que si bien no fueron agredidas o recibieron en la primera etapa del concubinato violencia psicológica, llegan a ser abandonadas por sus parejas sentimentales, pese a la condición de embarazo en la que se encuentran.

“1.500 mujeres, si bien han sido atendidas, derivadas a otras instancias como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), o se hizo gestión para que se respeten sus derechos e incluso se tuvo que realizar una etapa de seguimiento de los casos, ante las denuncias de acoso laboral”, añadió Zubieta.

En el caso del maltrato presentado en contra de los menores, se establece que los mismos fueron agredidos en algunos casos al interior de su familia por parte de uno o ambos progenitores, en los establecimientos escolares por parte de alguna instancia de educación o incluso por parte de alguno de sus compañeros, en esos casos de la misma manera se realizaron las gestiones correspondientes con el propósito de establecer las atenciones en el Ministerio Público o en otra instancia educativa que tienen que ver con el control y protección de los educandos.

La autoridad reconoció que la problemática de la violencia a grupos vulnerables si bien son más denunciados, en base a la aplicación de la mencionada norma de Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, dichas actuaciones de los agresores no logra ser modificado.

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