EDITORIAL    

Los “paraísos” de la ilegalidad

Desde hace muchos años, el país sufre las consecuencias de la ilegalidad en la importación de vehículos automotores, sin que nadie ponga freno a esa actividad que no solamente atenta contra la moral de la colectividad, sino que daña seriamente la economía y, además, irroga graves perjuicios a la actividad turística y al comercio legal. El gobierno, prácticamente desde el inicio de su gestión en el año 2006, ha prometido en reiteradas oportunidades frenar “seria y drásticamente al contrabando de vehículos que ingresan por varias fronteras”; sin embargo, esas promesas no se han cumplido y, por el contrario, ha crecido el contrabando de automotores que son “importados” hasta puertos chilenos o que, en muchos casos, son robados de poblaciones tanto de Chile como del Perú.

Últimamente se ha publicado muchas versiones sobre la presencia de automotores en la población de Coroico, que ha sido llamada “paraíso” de los vehículos ilegales. La verdad es que no solamente Coroico ha resultado un edén para quienes quieren vender, especialmente a turistas, vehículos ingresados al país por las vías del contrabando o son robados en el mismo país y con el simple cambio de placas son ofertados por precios bajos, especialmente a choferes que buscan contar con una de estas unidades para trabajar como taxistas.

El gobierno en diversas oportunidades ha señalado que era “la última vez que se permite facilidades para nacionalizar” (lo correcto sería decir legalizar) tanto vehículos de diversas marcas, nacionalidades y calidad que ingresan por contrabando; pero lo expresado no se cumplió y, al contrario, las facilidades se han ampliado porque no solamente se rebaja aranceles sino impuestos y se anula multas para legalizar cualquiera de esas unidades. Esta situación determina que cualquier persona, mucho más si pertenece a un sindicato del autotransporte, puede “importar” cualquier vehículo y pagarlo barato y hasta con facilidades de pago, condiciones ventajosas que no tienen las importaciones legales de automotores.

Los llamados “vehículos chutos” están en todas las ciudades del país y su circulación no es controlada por autoridades, ni de aduanas ni de la Renta ni de la Policía, que ven impasibles cómo crece el contrabando; por supuesto, las autoridades de Aduanas y Renta no hacen lo suficiente para frenar el vil negocio que atenta seriamente contra la moral y la economía nacional. ¿Qué espera el gobierno para dar cumplimiento a sus ofertas de frenar el contrabando? ¿Se han dado cuenta las autoridades del gran daño que se causa al país y su moral y economía con la permisividad que hay para la circulación de automotores ilegales que, además, nadie garantiza su buen funcionamiento y menos cuentan con las garantías necesarias para su libre circulación en caminos y carreteras del país?

El “paraíso” de Coroico es una rama más de los muchos “paraísos” que tiene la economía informal para cuestionar e incumplir leyes terminantes que prohíben los delitos de contrabando, sin que haya autoridad que ponga frenos a dicha actividad ilegal.