EDITORIAL    

Pragmatismo oficial y el caso Quiborax

Una de las corrientes más conservadoras de actualidad en círculos políticos e intelectuales es el pragmatismo, forma de enfrentar la realidad y que se caracteriza por partir de que lo primario es lo subjetivo, los dogmas, el materialismo metafísico o las fantásticas representaciones mitológicas, y lo secundario es lo objetivo. También entiende que la verdad es aquello que satisface los intereses subjetivos del individuo y es producto de la mente misma.

Con ese pragmatismo no se practica los principios y se ronda en un estrecho practicismo, típico de pequeñas economías comerciales que carecen de norte definido, derivado de un empirismo radical que tiene como concepción que la verdad es solo lo es que útil, ya sea a sus deseos o a poderes cósmicos o divinos.

Esa corriente se halla acentuada, en particular, en el pensamiento contemporáneo de la mayoría de los toldos políticos oficiales y extraoficiales del país, se llamen de izquierda o derecha e impera en círculos partidarios, de manera franca en unos y velada en otros, viendo a los hechos como ficciones útiles o ilusiones utópicas.

En ese sentido, en últimas semanas se han dado ejemplos particulares, en especial en lo que se refiere al caso del expresidente Carlos Mesa, acerca de lo ocurrido con una empresa chilena que, sin causa específica y en medio de grandes dudas jurídicas, recibió ipso facto, sin justificación aparente, de manos del Estado plurinacional una indemnización de más de 42 millones de dólares, causando grave daño a la economía del pueblo boliviano y beneficiando a la economía chilena.

El “caso Mesa” terminó por revelarse como un ejemplo clásico de pragmatismo oficial. En efecto, el juicio por un presunto delito económico específico, dejó de tener ese carácter para convertirse en un objetivo utilitario, o sea cobrar al expresidente los 42 millones de dólares que perdió el Estado, es decir que lo importante fue sustituido por lo secundario. No solo eso, sino que en esas manipulaciones pragmáticas, el oficialismo postergó el juicio con el argumento concreto de que el imputado “No puede seguir utilizando como pretexto el juicio de responsabilidades para hacer campaña política”. Vale decir que el problema desaparecía en cuanto el objetivo utilitario quedaba satisfecho.

Según ese punto de vista, con ese pragmatismo rampante se intenta enviar al expresidente a un juicio de responsabilidades no por el caso Quiborax, sino, además, con el fin de eliminarlo de la carrera electoral y de una supuesta candidatura frente a la que ya está embarcado el cabecilla del partido gobernante, Evo Morales Ayma, para quien Carlos Mesa se podría convertir en una figura que le haga sombra. Es decir que se trata de otro interés utilitarista ostensible que sustituye la posición de principio que debe caracterizar a las personas y que se proclama de palabra y niega de hecho.