SOCIEDAD    

Ramiro LLanos:

“Censo a privados de libertad no es solución”

Censo a privados de libertad fue planteado hace cinco años con apoyo de la cooperación internacional, ese trabajo fue abandonado por el Gobierno, según exdirector del Régimen Penitenciario

Al menos, 200 reos sentenciados para cumplir condena en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro permanecen en la cárcel de San Pedro y otros 500 imputados entre violadores, asesinos, delincuentes habituales involucrados en robo agravado y narcotraficantes gozan de detención domiciliaria, afirmó el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, al señalar que el censo de presos anunciado por el Gobierno no es solución al problema estructural del sistema carcelario.

“Seguramente les darán a los presos una boleta que llenar y los funcionarios públicos llenaran una planilla. Tener esa información es responsabilidad del sistema judicial, porque hay presos que tienen inclusive, cinco procesos no son ellos (privados de libertad) los que deben responder por su situación jurídica”, puntualizó.

Los ministros de Justicia, Héctor Arce Z., y de Gobierno, Carlos Romero, anunciaron la realización de un censo que permitirá uniformar estadísticas sobre la población privada de libertad para conocer la necesidades de esa población y los servicios que deben ser instalados en las cárceles.

“Vamos hacer la estadística conjunta con el Ministerio de Justifica y la Fiscalía no para tener una cifra exacta de presos, nos interesa tener un estado de situación sobre los presos para ver qué servicios instalar”.

Es un censo, no es una contabilidad de internos, es un diagnóstico de necesidades para adoptar medidas pública para atender esas necesidades en el marco de la ley”, apuntó el titular de Gobierno tras señalar que esta tarea podría realizarse hasta el primer trimestre del siguiente año.

Son 54 recintos penitenciarios en el que no sólo es contabilidad, sino entrevistar, hacer grupos focales, recoger las necesidades verificar ‘in situ’ (en terreno), por lo que se prevé tomará ese tiempo, según la autoridad de Gobierno.

Al respecto, Llanos afirmó que el registro de la población carcelaria ha sido planteado hace cinco años con el apoyo de la cooperación internacional, inclusive con la donación de equipos (computadores, cableado etc.) y su instalación para realizar ese trabajo que hubiera sido abandonado por las autoridades responsables del área.

“El trabajo debe ser más serio, el tema el tema penitenciario debe der manejado desde el Ministerio de Justicia porque implica el registro personal, esa medida sí sería interesante como parte de las acciones estructurales. Para la gente que conoce del tema carcelario este censo es una anécdota”, señaló.

Según Llanos, los detenidos preventivos primerizos deben salir de las cárceles a detención domiciliaria, “si 500 imputados entre casos de violación, habituales delincuentes por robo agravado, por asesinatos, narcotráfico, están fuera por qué no abrir las puertas a estos primerizos”, formuló, además de señalar la desventaja en la que trabajan los operadores de justicia en el área rural.

En criterio de la Defensoría del Pueblo, según el diagnóstico presentado ayer acerca de las condiciones de vida dentro las cárceles del país y el hacinamiento, es necesario sistematizar las estadísticas y trazar lineamientos y objetivos a lograrse en las jornadas de descongestión judicial en cárceles que deben aplicarse sin limitarlas a uno o un par de días, sino por logro de objetivos o planes de descongestión.

“Es necesario un instrumento en el Órgano Judicial (circular o recordatorio) y en el Ministerio Público (instructivo) sobre la aplicación del principio de celeridad y criterios de prioridad en todos los trámites y atención de solicitudes relacionadas a indultos o amnistías”, plantea el informe.

Señala también la necesidad de retroalimentar las experiencias con un enfoque no punitivo en la perspectiva de un nuevo decreto que cumpla las finalidades de deshacinamiento, ya que al no reducirse las cifras se mantienen las condiciones de vulnerabilidad, lo que constituye violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, refiere el diagnóstico defensorial.

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