POLÍTICA    

Carlos Mesa denunció en Sucre

Quiborax inició juicio con documento falso

• El exmandatario precisó que ese documento falsificado sería la base para que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fallara contra Bolivia y le impusiera una sanción económica

El expresidente Carlos Mesa denunció que la empresa chilena Non Metallic Quiborax inició el Arbitraje Internacional contra el Estado boliviano con un acta falsificada de constitución de la firma, lamentó que las autoridades de Gobierno no hayan objetado esta irregularidad y presentó a la Fiscalía General un memorial con esta información.

Asimismo, dijo que el procurador general del Estado, Pablo Menacho, firmó el pago del resarcimiento de 42,6 millones de dólares, con el representante legal de la firma, Andrés Jama, quien es parte de un equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda marítima presentado por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

“El documento que le permitió a Quiborax iniciar el laudo arbitral en contra de Bolivia, esa acta es falsificada y permitió para que ese juicio se lleve adelante. David Moscoso fue condenado a dos de cárcel quien reconoció que el documento fue falsificado”, dijo el expresidente a la hora de entregar el memorial de complementación ante la Fiscalía General, en la ciudad de Sucre.

EXPLICACIÓN

En el proceso penal contra David Moscoso, principal accionista de la firma chilena, se identificó que este sustituyó un acta de accionistas del 11 de septiembre de 2001 por la que se emitió el 13 de septiembre de ese año, a fin de revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el Ciadi iniciado por Quiborax.

La Audiencia del Proceso Abreviado contra Moscoso se desarrolló el 14 de agosto de 2009, en la resolución dictada por el juez señala que el sindicado confesó que había falsificado el acta de la junta de accionistas de NMM (Non Metallic Mineral) del 13 de septiembre de 2001. Esto dio pie para que la empresa chilena presente la demanda ante la instancia internacional.

“David Moscoso firmó una declaración jurada, elaborada expresamente, dentro de la solicitud de arbitraje iniciado por Quiborax y otros contra Bolivia, en la cual confesaba de forma libre y espontánea su participación en los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En dicha declaración jurada manifestó que recién tuvo conocimiento de la existencia del acta del 13 de septiembre 2009”, dice el documento.

SOLICITUD

En septiembre de 2015, cuando el actual ministro de Justicia, Héctor Arce estaba a cargo de la Procuraduría solicitó la nulidad del laudo internacional porque se evidenciaron que contenía gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi.

En ese entonces hizo referencia la resolución de 2010 que paralizó el proceso penal por presunta falsificación de documentos contra el empresario David Moscoso, copropietario de la empresa Minera Río Grande Sur y socio del gerente de la chilena Quiborax, Allan Fosk. Ambos fundaron Non Metallic Metals en 2001 para extraer ulexita en el salar de Uyuni (Potosí).

A la vez Estado dijo que no reconocía la demanda de Quiborax, ya que no hubo una inversión legal y legítima dentro del país.

ACUERDO TRANSNACIONAL

La semana pasada Menacho, el ministro de Minería César Navarro y Andrés Jana firmaron un acuerdo para pagar a Quiborax 42.6 millones de dólares, por la indemnización surgida por la expulsión de la empresa chilena. ante eso mesa dijo que Jana es parte del equipo jurídico que apoyó a chile en la demanda marítima.

“El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, llegamos al caso increíble de que el Procurador está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones de dólares, nada menos que al representante de Quiborax”, resaltó.

PROCESO

La administración del presidente Carlos Mesa, mediante el decreto 27589, revirtió la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni por una serie de irregularidades. Se informó que invirtió unos $us 800.000 y ahora cobró una indemnización de $us 42,6 millones en un acuerdo rubricado el 7 de junio.

Después de que se conoció el dictamen del Ciadi, la Procuraduría presentó una denuncia ante la Fiscalía General contra el vocero de la demanda marítima por la reversión de esa concesión.

En un primer memorial dijo que si se da curso a ese pedido el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el presidente Evo Morales deben ser incluidos en las investigaciones porque mantuvieron la decisión que tomó de revertir al Estado la concesión.

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