EDITORIAL    

El impune poder en Venezuela y Nicaragua

La Asamblea de las Naciones Unidas de septiembre pasado no abordó el caso de Venezuela como se tenía previsto a nivel latinoamericano y menos aún la situación de Nicaragua, pese a que esta Nación confronta un verdadero genocidio a manos de la dictadura de Daniel Ortega, si bien la Asamblea abordó la creación de un fondo de auxilio para los refugiados venezolanos, fondo todavía en gestación.

Al margen de este escenario, los 12 países americanos del Grupo de Lima elevaron a la Corte Penal Internacional una denuncia por los crímenes del Gobierno desde las manifestaciones de protesta iniciadas en abril de 2017. Como es tradición de estos organismos muy burocratizados, el proceso se encuentra en conocimiento de la fiscalía de la CIJ. Resulta inédita en la región por sus características la dictadura bolivariana instalada en Caracas. Hace poco ha muerto un concejal opositor detenido, cuando se lanzó de un piso elevado de la prisión en la que se encontraba, según versión del Gobierno.

No obstante estos funestos antecedentes, la OEA, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, se muestran lerdos para adoptar las sanciones previstas por sus Cartas y Estatutos, por lo menos como pronta reacción política y moral ante tanto crimen en Venezuela y Nicaragua. Por su parte, la Unión Europea dice haber aprobado sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos ha puesto en evidencia las fortunas fraudulentas de los inmediatos colaboradores de Maduro, aplicándoles sanciones financieras.

Otro capítulo inédito en América es el enorme éxodo de venezolanos hacia países del hemisferio en busca de medios de vida y trabajo. Colombia ha recibido unos 2 millones, el Perú ronda el medio millón, Ecuador 400.000; 120.000 Argentina y 30.000 República Dominicana, el Brasil mantiene la cifra conservadora de 70.000. Sin embargo el Estado de Roraima informa que atiende 12.000 alumbramientos de mujeres venezolanas por año. Las embarazadas cruzan la frontera por falta de insumos y atención en su país.

Para el Programa por la Justicia y el Derecho Internacional para América (CEJIL), Nicaragua, a su vez, presenta otro cuadro dramático por el asesinato de 512.000 de sus compatriotas desde abril 2018 hasta la fecha, caídos en marchas y “tranques” en las ciudades y el campo. Para Naciones Unidas el éxodo cifra los 2.3 millones. Datos estadísticos (COSEP) aseguran que en Nicaragua se ha perdido 300.000 puestos de trabajo en lo que va de la crisis, mientras para el Gobierno son 119.567 empleos. Las pérdidas económicas ascienden a 1.180.6 millones de dólares y se prevé que el PIB se reducirá al 1% en 2018, mientras en gestiones anteriores rondó el 5% y 4.5% anual.