OPINIÓN    

Persiste la violencia contra la mujer

Angélica Siles Parrado

Cada 11 de octubre se conmemora los aportes e ideales de Adela Zamudio, que nació en 1854 en Cochabamba, estudió hasta 3º de primaria (grado al que llegaban las mujeres en ese tiempo), pero asumió el reto de seguirse formando a través de la literatura, en un contexto cerrado. Abrió caminos para una participación activa de las mujeres, utilizó su pluma para desafiar el machismo y patriarcalismo, fue poetiza, escritora, maestra, y defensora intransigente de las mujeres de su época, además de precursora en educación laica y reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas.

Con la promulgación del DS 17.081, por la ex presidenta de Bolivia Lydia Gueiler Tejada, se reconoce el esfuerzo y dedicación de la mujer, que es la base de la sociedad, su aporte al Estado, a la familia y la sociedad. Han pasado 164 años desde su nacimiento, vivimos un mundo diferente al que ella conoció y es importante resaltar el avance de las mujeres para el reconocimiento de su “existencia”. Por su lucha en las calles, en huelgas, en plantones y en marchas sacrificadas, es vanguardia de la lucha por los derechos humanos, derechos de las mujeres y de los indígenas, incluso ofrendando sus vidas en el transcurso de la historia.

El Art. 26 de la Constitución Política del Estado reconoce los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres como parte fundamental y estructural de la sociedad. Resalta a la mujer boliviana, por su importante presencia en el hogar y en la vida de cada miembro de la familia. En el caso de la representación política de las mujeres, se incrementó, después de la inserción de los Derechos de las Mujeres en la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Nueva Constitución en 2009. Hoy en el Legislativo la representación femenina aumentó, pero aún falta conocer y empoderarse de los derechos y obligaciones para con las mujeres, esencialmente. Pese a esas importantes conquistas, superviven situaciones de desigualdad en salud, educación y empleo, más aún en el caso de las mujeres indígenas, particularmente afectadas y se observa mayor regresión. Lamentablemente, junto al incremento de la participación y presencia de las mujeres en esos espacios, ha aumentado la cantidad de situaciones de violencia y acoso político, por el machismo, patriarcalismo y caudillismo de los dirigentes de organizaciones políticas, que permiten la impunidad.

El Tribunal Supremo Electoral informó sobre 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres, la mayoría afecta a concejalas, por actos de discriminación, presión para renunciar, firma de documentos contra su voluntad, restricción del uso de la palabra y presión sobre sus familias, lo que vulnera la Constitución y las leyes. También existen casos de autoridades mujeres que prefieren no denunciar, por temor. De los casos atendidos, del 1 de enero al 30 de abril del año en curso, fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación, conforme a la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, pero no existe una sentencia ejecutoriada por infringir esta normativa.

El Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres realizó dos sesiones del Tribunal de la Mujer, en noviembre de 2015 y 2017, sobre el asesinato de Juana Quispe, Concejala de Ancoraimes, el mismo será presentado a la Comisión de Derechos Humanos, porque se demostró la impunidad existente en los tribunales de Bolivia.

Las autoridades del Estado y todas las instituciones e instancias correspondientes deberían garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, en el entendido de que lo que se haga por ellas, tendrá un efecto multiplicador para reducir la pobreza del país. Más aún, para construir un país justo, participativo y solidario, tomando en cuenta que la Mujer es la matriz que da vida a la familia, a la sociedad y al Estado.

La autora es abogada constitucionalista.

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