OPINIÓN    

Sin un debido proceso no se garantiza seguridad

Clemente Silva Ruiz



De forma periódica las instancias de investigación no solo aplican diferentes políticas de resguardo y detención de los posibles implicados en hechos delictivos, quienes son presentados ante la opinión pública y en algunos casos son parte de organizaciones delictivas. Pero luego de un corto proceso de detención preventiva, nuevamente retoman las calles y son detenidos en flagrancia, reincidiendo en el delito y conformando nuevas organizaciones delictivas.

Este procedimiento reduce la credibilidad de la población en los administradores de justicia, y más que todo sobre el procedimiento que incluye las detenciones, porque las personas que afectan la seguridad ciudadana en poco tiempo continúan delinquiendo. Será por este factor que, según los datos estadísticos, los casos de robo o robo agravado, que implican uso de la fuerza y participación de más de una persona, además del uso de armas, continúan ocupando los primeros niveles de la problemática social.

En el índice criminal que se registra a nivel país, se identificó que en el año 2013 los casos de robo llegan a 4.383 casos, en 2014 a 3.629 casos, en 2015 a 3.077 denuncias, en 2016 a 3.187 casos atendidos y en la pasada gestión a 3.162 denuncias.

En el primer semestre de la presente gestión, los delitos contra la propiedad privada llegaron a 9.376 denuncias, las cuales son generadas por grupos identificados como “monrreros”, quienes generan riesgos no solo para la seguridad ciudadana, sino sobre todo en contra de las actividades económicas.

Por estos datos es urgente definir procesos, no solo acelerados, sino reducir la carga procesal y por ende la calificación de sentencia directa a más del 80% de privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios. Allí la detención preventiva no es más una excepción, sino una norma continua, pero con el riesgo de que en poco tiempo esas personas no solo reincidan en la comisión de delitos, sino en libertad logren paralizar los procesos penales, buscando que las víctimas no sigan con el proceso legal.

Es también visible que las personas que se involucran en la comisión de una serie de delitos, desde robos, robo agravado, robo de vehículos, entre otros, en la actualidad no solo son cada vez de menor edad en el momento de delinquir, sino que son parte de los denominados “clanes familiares”. Es decir que actúan por el mal ejemplo que da uno de los progenitores o ambos o porque los clanes se construyen cuando uno de los integrantes aplica nuevas formas de captar más integrantes en su organización criminal.

Lo cierto es que en Latinoamérica, sobre todo en el Perú, Brasil y sobre todo en el territorio nacional, se observa que cada vez más componentes de una familia son parte de los denominados clanes familiares, aspecto que aleja la posibilidad de reinserción, cuando a partir del primer núcleo primario se construye este tipo de conductas que generan riesgo para la seguridad de la población.

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