OPINIÓN    

Alrededor de los tres niveles legislativos del país

Ramiro H. Loza Calderón



La autonomía departamental y municipal tiene más de facticia que de realidad. Sin recursos económicos, sin Pacto Fiscal, los nueve departamentos se prorratean un miserable 7% del Presupuesto General, teniendo que atender la salud y sinnúmero de obligaciones públicas. En las gobernaciones, pero sobre todo en los municipios, la sedicente autonomía ha servido para multiplicar su burocracia tanto en el ejecutivo como en los concejos ediles --dizque-- deliberantes. El sostenimiento burocrático binario señalado, deja en especial a las provincias con las manos atadas para otras obligaciones municipales de mayor urgencia. La Participación Popular --con mejor propiedad debería llamarse participación municipal-- tuvo la virtud teórica del promover un espíritu de inversión hacia la productividad y de servicio ambiental como alcantarillado, agua potable, tendido eléctrico y también sanidad, empero el afán burocrático y el clientelismo partidista sistémico desbarató ese propósito.

En torno a lo ya dicho, el reparto de empleos y cargos del Estado en su escala general --gobierno nacional, departamental y municipal-- es una pandemia que en lugar de mitigarse se extiende brutalmente. La empleomanía mana desde la fuente eleccionaria, los partidos políticos y la proliferación de las llamadas “agrupaciones ciudadanas”, surgidas con la rapidez de hongos silvestres.

Los concejos municipales provinciales en cuanto a sus exigencias son un calco de los concejos capitalinos que, por supuesto, implantaron una serie de modalidades de funcionamiento tomadas, a su turno, de los ostentosos tonos que se “gastan” --para decirlo coloquialmente-- las cámaras de diputados y senadores. Sabido es que cada uno de estos legisladores tiene libertad de designar a sus variopintos asesores, secretarias, ujieres, etc., mientras que los presidentes y las directivas correspondientes gozan de vehículos oficiales y otras granjerías. Estos excesos fueron confesados por un ex presidente del Senado. Relata que su seguridad, aparte de dos vehículos oficiales, se componía de un edecán y ocho agentes o custodios, aparato al cual dice haber renunciado. Linda en lo psíquico la desmesura que en el pasado hubiera tenido lugar, si tal fue su origen.

Usufructúan --seguramente con incremento-- los que desde el 2006 vienen accediendo digitalmente a las legislaturas. Cabe reflexionar que los presidentes de ambas cámaras no detentan un cargo netamente político que pueda provocar acciones terroristas. Distinto es el caso del presidente del Estado, quien podría acarrear este tipo de peligro potencial. Entonces, se hace fácil imaginar los medios de resguardo que le rodean. Sin embargo, Evo Morales prefirió recorrer por los aires de su mansión presidencial a la Casa Grande, ¿tal sería su temor?

Todo este boato característico de las coronas reales no debiera tener cabida en las repúblicas modernas. Ocasiona enorme sangría económica a expensas del sacrificio tributario de los contribuyentes. El balance de la producción legislativa de estas cámaras y recámaras, es tan valioso como el cero. La casi totalidad del triple producto legislativo relatado puede resumirse, en cada quinquenio, en homenajes a los servidores del régimen, premios pecuniarios, ocurrentes bautizos como el de hoja “sagrada”, el culto a supuestos héroes originarios, nominación de platos y comidas como símbolos de lugares, etc. No hay duda que esta realidad, es lo que es, según el principio lógico de identidad. Además, cual reza el adagio, no se puede pedir peras al olmo. No digamos que esperamos lumbreras de la progenie “parlamentaria”, pero, ¿logra ésta al menos algo realmente constructivo, imaginativo o innovador capaz de convertirse en leyes a favor del país? La respuesta es no. Por otra parte, la mayoría impone su voluntad y hace del Legislativo una caja de resonancia del Ejecutivo. Apenas es un palenque de lucha entre facciones con predominancia del insulto, del agravio de recova, acompañado por peroratas insustanciales propias de plazuela.

Las mentadas tres corporaciones legislativas --nacional, departamental, municipal-- no se inmutan ante el sufrimiento de “su pueblo” bajo la férula de la pandemia del Covid-19. La prorrogada Asamblea Legislativa precedente no aportó ni un céntimo para mitigar el drama colectivo ya entonces desesperado, pese que la circunstancia política les deparó casi un año de prórroga para disfrutar de sus no despreciables emolumentos, pasajes, viáticos, etc. La legislatura actual tampoco da muestra de solidaridad alguna. El estado financiero del país y sus efectos en una atención médica deficitaria de la pandemia, debería obligar a la racionalización de sueldos de la burocracia estatal, de arriba hacia abajo. El Ministro de Justicia acaba de pedir a los tribunales la reducción de sus sueldos en un orden del 7%, lo que es poco. Por supuesto, ese consejo debe hacerse extensivo no sólo a uno de los Órganos del Estado sino a todos, empezando por los legisladores en general.

El autor es jurista, escritor y periodista.

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