POLÍTICA    

Reunión de cívicos

Comités defenderán Tariquía

> Dirigentes cívicos anunciarán decisiones respecto de las acciones para asegurar la preservación del área > Alertan sobre áreas Rositas, el Bala y Chepete y la contaminación que se extiende hacia ríos y otros espacios naturales de Bolivia



Los comités cívicos de Bolivia se reunirá el jueves 25 de abril en Tariquía para articular acciones y cerrar toda posibilidad de acciones de exploración hidrocarbirífera de los parques nacionales de reserva natural, declaró ayer Antonio Alarcón, presidente del Comité Cívico de La Paz.

“El jueves estaremos los comités cívicos, en Tariquía, en defensa de las reservas naturales de la flora y fauna, pero el martes primero nos reuniremos en Cochabamba para verificar varios temas que se apuntó en la agenda de la última reunión de febrero”, manifestó Alarcón.

Después de haber realizado los cabildos y concentraciones el 21 de febrero de este año, donde se ratificó la defensa del voto de los bolivianos en el referéndum de consulta del año 2016, más la espera de cambio de mando del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que ahora es Fernando Camacho, los dirigentes cívicos tomarán decisiones respecto de las acciones para asegurar la preservación del área.

“Será una reunión de comités cívicos y activistas que defienden el medioambiente y seguramente haremos algunos otros pronunciamientos, pero será una jornada de defensa”, aseguró.

Al respecto, el ingeniero Gonzalo Sanjinés, investigador y activista defensor del medioambiente, dijo que habrá reuniones constantes en defensa de Tariquía, como símbolo de lo que pretenden hacer con otros espacios como Rositas, el Bala, Chepete y otros porque la contaminación está creciendo, tanto en los ríos y otros espacios naturales de Bolivia.

“En este momento no solo se trata de defender Tariquía, sino también otro lugares porque en la misma Constitución Política del Estado (CPE) dice que se debe preservar las reservas naturales eso haremos saber a todo el país”, señaló Sanjinés.

Añadió que el pasado jueves (18) hubo otro amago de fuerzas entre pobladores de Tariquia y funcionarios públicos. Pobladores originarios del área de reserva continúan con la vigilia para evitar el ingreso de maquinaria de exploración petrolera, mientras que personal de la empresa petrolera nacional trató de ingresar al sector bajo resguardo, “… entonces tenemos que evitar que transgredan la normativa”, señalaron los dirigentes originarios regionales.

En tanto, autoridades sectoriales afirmaron que “el ingreso a San Telmo Norte (parte del parque Tariquía) es un hecho”, para realizar tareas petroleras en el lugar.

Afines del pasado mes, tras advertir el ingreso de maquinaria al lugar, la Policía reprimió la vigilia, días después el departamento de Tarija realizó un contundente paro cívico en rechazo a la exploración de hidrocarburos en el área de reserva.

ANTECEDENTES

El conflicto tiene origen en la aprobación de tres contratos, suscritos por el Gobierno en abril de 2018, para la exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte y Astillero, la situación se agravó en febrero cuando la empresa brasilera Petrobras junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intentaron ingresar al área de reserva para dar inicio a las tareas de exploración.

Tras ser sorprendidos por una comitiva de altos ejecutivos de Petrobras y de YPFB, a pesar de un cuarto intermedio acordado entre comunarios y el Gobierno, pobladores de Chiquiacá bloquearon las vías de acceso a la zona por más de tres días, entre el 6 y el 8 de febrero.

Aunque la acción fue suspendida tras el retroceso de los operarios de la empresa, los habitantes que se oponen a la actividad petrolera en su territorio advirtiendo que no se quedarán con los brazos cruzados.

“Si ellos vuelven a entrar vamos a tomar otras medidas”, afirmó Barbarita Meza, dirigente del Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá, en una entrevista con medios nacionales e internacionales.

El conflicto en Tariquía, como en otras áreas de reserva natural del país, comenzó con la aprobación de una polémica norma, en mayo de 2015, que desató una ola de críticas y reacciones que hasta ahora continúa. El Decreto Supremo 2366, abrió las puertas a las actividades hidrocarburíferas, dentro de las áreas protegidas de Bolivia, según denuncias de los activistas del medio ambiente.

En recientes declaraciones, el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero, Carlos Quispe, explicó que “los comunarios no tienen atribuciones para rechazar las actividades hidrocarburíferas en la zona porque ya se llegó a un acuerdo con los pobladores del área directa de influencia”.

MÁS TITULARES DE POLÍTICA