OPINIÓN    

Los evidentes efectos del nepotismo



I

Sebastián Piñera tuvo que pagar un alto precio en su imagen pública por el “gustito” de llevar a sus hijos a su visita de estado a China y Corea del Sur. Finalmente, no ha podido liberarse de la convicción que existe respecto de que sus herederos aprovecharon su viaje para establecer buenas relaciones de negocios con Asia, después de haber creado recientemente una empresa con tal propósito.

“De tal palo tal astilla” dice la gente al recordar la trayectoria del actual Presidente en estas materias, cuando todas sus funciones públicas de alguna forma han favorecido su propósito de convertirse en uno de los multimillonarios del país, pese a las triquiñuelas de aquel fideicomiso ciego que discurrió en un momento para disimular el que ha sido su afán dilecto: atesorar bienes en esta tierra, contar con los recursos necesarios para escalar en la política y, ahora, asegurarle el porvenir a sus hijos, nietos, bisnietos y algunos amigos.

Sin embargo, aunque sus detractores lo critiquen, lo cierto es que el Jefe de Estado cuenta con la complicidad general de la clase política. No es solo él que se ha enriquecido durante el ejercicio de sus cargos públicos. Los hay prácticamente de todos los colores políticos, salvo algunas excepciones muy honrosas o la de quienes ya habían logrado este objetivo durante la Dictadura o, incluso, antes.

Por lo mismo es que para La Moneda y el Parlamento es tan difícil legislar contra el nepotismo y el tráfico de influencias. Un cínico personaje me reconocía hace algunos años que el poder no tenía ningún sentido si no se lo ejercía constantemente y se le aseguraba a sus familias un sustento suficiente como para compensar las ausencias filiales de quienes ejercen los altos cargos públicos. Un sentimiento, por cierto, que tiene muy a maltraer a la mayoría de las democracias del mundo y que lleva a los ciudadanos a desistir de esa idea de Churchill en cuanto a que hasta las malas democracias son siempre preferibles a las dictaduras. Al mismo tiempo que aceptar, aunque sea a regañadientes, la sentencia de aquel corrupto líder sindical mexicano: “un político pobre es un pobre político”.

Los fueros que hasta hoy favorecen a las autoridades es una de las más importantes prerrogativas del poder para escapar o dilatar la acción de los Tribunales de Justicia. Incluso en la certeza de que un parlamentario haya cometido un serio delito común, las policías están obligadas a considerar su rango y esperar si éste es desaforado finalmente para poder someterlo a proceso y condenarlo. Un privilegio que resguarda a la clase política en su “privacidad”, aunque en el periodismo se nos haya enseñado que “la vida privada de los personajes públicos debe ser necesariamente pública” y develada por los medios de comunicación si ello conviene al interés nacional.

En virtud de lo anterior es que hay no pocos mandatarios de todo el mundo que se han visto acorralados por la prensa y obligados a abandonar sus cargos, como hoy se intenta con las denuncias en pro de la destitución de un desquiciado como Donald Trump. En Chile, sin embargo, ya vemos cómo uno y otro imputado político consigue finalmente su sobreseimiento, aunque sea recurriendo a la prescripción de sus delitos. Lo que demuestra que es cuestión de contar con buenos abogados procesalistas y jueces dóciles para alargar eternamente los juicios con tal propósito.

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