EDITORIAL    

Favorecimiento al narco del Órgano Judicial



Al presente son pocas las dudas sobre la penetración del narcotráfico en altas esferas del Gobierno y de la Justicia. Desde siempre las instancias judiciales son el último nivel de un Estado en que se refugia la verdad y la garantía del correcto juzgamiento de las personas y las instituciones. En nuestro medio, la rectitud de la Justicia se encuentra en franca decadencia con las consecuencias negativas que estamos viendo.

Se puede nombrar cientos de casos de evidente corrupción en el aparato judicial del país, pero entre ellos resalta por sus contornos más que escandalosos el del presunto narcotraficante Pedro Montenegro, sobre quien desde hace años pesa una solicitud de extradición del Brasil, por voluminoso tráfico de cocaína.

Reportes parciales y todavía muy confusos sobre el particular provienen de algunas altas autoridades judiciales, señalando que un auto supremo (TSJ) de 2014, referido a la extradición de Montenegro, tuvo una extraña doble versión. Una de éstas dispondría la extradición del acusado conforme al pedido del vecino país y sería la que aparecía en el portal del Tribunal Supremo. Sin embargo, la versión resolutiva de la que se valió Montenegro lo liberaba de ser extraditado.

El extraditable para su mayor seguridad, en confabulación con el juez de Cotoca, Federico Jiménez Rua, logró que éste dejara sin efecto la resolución que contenía su extradición, extremo ilegal por carecer de potestad jurisdiccional para una decisión semejante. Ante posibles sospechas de estallido del escándalo, no hay precisión del procedimiento mediante el cual dicha negativa llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Éste habría revocado en 2015 el acto del juez de Cotoca, empero lo retuvo, sin darlo a conocer ni mediante las obligatorias notificaciones de cualquier trámite judicial, actitud inicua de protección al narco.

Distintas fuentes aseguran que Montenegro visitó a magistrados tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Constitucional Plurinacional para quedar a buen recaudo, según el relato conocido. Visitó también al Consejo de la Magistratura, seguramente para la no investigación del juez Jiménez. Se presume que los prevaricatos en cuestión se hicieron posibles por millonarios sobornos que comprometerían a magistrados del TSJ, TCP y CM, además, obviamente, al indicado juez. Al parecer, actuales magistrados del Tribunal Departamental de Santa Cruz, que entonces fungían en la magistratura suprema, tendrían que ver en la cuestión.

Por otra parte, los jefes policiales de Interpol jamás dieron curso a la orden de captura del sindicado, si realmente ésta existió, pero no trasciende algo sobre su investigación. En cuanto al fondo, la presidencia del TSJ se muestra reticente para dar a conocer posibles indagaciones de los supremos que en 2014 y 2015 ejercían tales funciones, remitiéndose al Fiscal General del Estado, gestiones que permanecen sin revelarse.

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