SOCIEDAD    

Según defensa de sindicados

Altos oficiales de Policía son propietarios de evaluadoras

Los representantes legales de las empresas fueron aprehendidos e imputados por los delitos de asociación delictuosa e incumplimiento de contratos



Los dueños de las empresas Sipcoes SRL y Anstergung, que fueron parte del proceso de evaluación de los postulantes a la Academia Nacional de la Policía (Anapol), son miembros de la Policía Boliviana. El Ministerio Público sostiene que ambas firmas fueron contratados por invitación directa y no a través de una licitación.

“La Policía y el Ministerio Público tienen elementos claros que nosotros hemos entregado, la investigación debe formarse más en las esferas de los mandos policiales. En su declaración la médico (Fanny M.), develó nombres de policías que están involucrados, concretamente de un general que está detrás de esta empresa la que ha contratado a mis clientes”, sostuvo la abogada Zuleyca Lanza, defensa legal de dos técnicos convocados por la Fiscalía a declarar.

Según las investigaciones, un general y exrector de la Universidad Policial (UNIPOL) es el dueño de la empresa Sipcoes SRL. Mientras que un coronel, asesor jurídico de esa instancia policial, es propietario de la firma Anstergung, la cual estaba a cargo de los exámenes de conocimiento realizado a los postulantes.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que existen indicios suficientes que comprometen a instancias superiores de la policía, sobre todo a las autoridades que son parte de la Unipol y los que estaban encargados de la supervisión del proceso de admisión.

“No estamos en condiciones todavía de aseverar que el mando policial anterior esté involucrado, pero sí estamos en condiciones de señalar que hay indicios que podrían comprometer a instancias superiores de la Policía, por lo menos a nivel de la Unipol y de los niveles de Supervisión”, refirió la autoridad.

CONTRATACIÓN

El fiscal de materia, Miguel Aramayo indicó que las investigaciones develaron que ambas empresas fueron contratadas por invitación directa y no a través de una licitación pública, tal como deben realizar las instancias estatales con estos procedimientos.

“Hubo una invitación directa, si bien es legal, pero las empresas deben tener la experiencia suficiente para ser parte de este proceso de evaluación. Sin embargo, estas empresas fueron creadas tres meses antes de la publicación de la convocatoria para la contratación de las empresas”, sostuvo la autoridad.

En recientes declaraciones, Antonio Saavedra, abogado del Ministerio de Gobierno señaló que la Unipol está encargada del proceso de contratación de las empresas que son parte del procedimiento de evaluación.

APREHENSIONES

La comisión de fiscales citó a cuatro personas más, de los cuales determinó la aprehensión de Luis Fernando D. J. representante legal de la empresa Anstergung, y de David H.M., apoderado de la firma Sipcoes SRL, tras ser convocados a declarar el martes por la tarde. Ambas empresas estaban encargadas de la prueba psicotécnica, de conocimiento y física, respectivamente, dijo el fiscal.

Estas personas fueron imputadas por los delitos de asociación delictuosa e incumplimiento de contratos, ya que se evidenciaron la existencia de irregularidades en la calificación de los exámenes. Aramayo explicó, que en el caso de la prueba que realizó la empresa Anstergung, se evidenció que se sacaron copias en demasía de los exámenes, documentos que sirvieron para la suplantación de los originales.

“Las investigaciones llevaron a que en esa empresa se realice el cambio de los exámenes, además de la falsificación de las firmas de los postulantes. Ellos solicitaron alrededor de 2.000 copias de los exámenes, siendo que la mitad no correspondía”, explicó.

En este mismo caso, Romero manifestó que de los 351 expedientes secuestrados de la Unipol se pudo evidencias que sólo 80 no fueron adulterados, el resto presentan irregularidades, por lo que las instancias pertinentes evalúan si los postulantes observados no serán parte del nuevo proceso de admisión.

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