EDITORIAL    

División y despilfarro, balance de gestión 2018



Al cumplir 13 años continuos de gobierno, el Presidente de la República dio lectura a un discurso por demás repetitivo en el que refleja solamente despilfarro de la bonanza habida en el país; no hay datos precisos sobre la situación económica ni sobre inversiones ni logros efectivos que se hayan realizado; se trata de un documento que elude referirse a los problemas muy graves de corrupción, crisis permanente en el sistema judicial, ineficacia administrativa, situación de la salud y otros problemas álgidos que preocupan a la colectividad.

Por supuesto, el contenido mayor es que hizo comparaciones de lo que realizó su gestión con lo que hicieron anteriores gobiernos; no contiene autocrítica alguna y la información es como la presentada en anteriores gestiones por falta de realismo y efectividad con datos que están lejos del conocimiento popular y que no siempre reflejan la verdad. El informe da la sensación de que el Primer Mandatario no tiene ni ministros ni asesores ni técnicos que le aconsejen o guíen en la redacción del informe que, se entiende, debería basarse en lo ocurrido realmente y no en sofismas y datos que más dan lugar a la duda que a la credibilidad.

La creación de una “comisión interinstitucional” es algo repetitivo del pasado, para investigar los casos de corrupción. Este anuncio despierta, de inicio, suspicacias y decepciones, porque debería entenderse que la Contraloría General de la República debería investigar todos los casos y elevar informes periódicos no solamente al gobierno sino, muy especialmente, para conocimiento de la colectividad; pero la Contraloría cumple funciones que nadie conoce porque su actuación no es conocida y daría lugar a entender que ha desaparecido como institución del Estado justamente para control de todas las dependencias del gobierno.

Ahora, si el gobierno no confía ni cree en el papel que podría y debería cumplir la Contraloría, si realmente quiere conformar comisiones especiales para investigar los casos de corrupción, debería hacerlo recurriendo a entidades independientes del gobierno y su partido; esa comisión podría estar bien conformada por entidades privadas apartidistas y de reconocido prestigio, como son las universidades y los colegios de economistas y abogados; hacerlo con militantes del propio partido es como conformarlas con parte de los autores de los actos de corrupción y, lógicamente, sus opiniones, juicios y resultados mostrarían una total inocencia de los implicados.

En síntesis, el discurso-informe del Primer Mandatario no dijo nada potable, y nada confiable porque evitó la referencia a los asuntos más importantes y prioritarios de la vida nacional; un discurso con el cual podría evitarse criterios de toda laya sobre comportamientos del régimen y que, de alguna manera, muestren deseos de actuar con la verdad.