EDITORIAL    

Impunidad policial por crímenes contra mineros



Lo ocurrido el día 25 de agosto de 2016 con un viceministro por un conflicto con trabajadores mineros, ha quedado en las profundidades del olvido o tal vez del nomeimportismo; que se sepa, nunca se supo de alguna acción que se haya tomado contra policías que fueron los causantes de esas muertes al reprimir y matar a trabajadores mineros que, se dijo, fueron los autores de la muerte del viceministro. Como siempre ocurre - especialmente cuando se busca que todo pase a los misterios del olvido- fueron anunciadas investigaciones que no se realizaron. Hace pocas semanas, se anunció que “un grupo de la policía acudió a Panduro portando armas de fuego que después del medio día usaron contra los cooperativistas, recogieron los casquillos y se fueron del lugar a bordo de un vehículo”, según declaró el chofer del viceministro, testigo de los hechos. La información señala: “Según documentos a los que accedió ANF, efectivos de la policía portaron armas de fuego letales y fueron utilizadas en contra de los mineros cooperativistas el pasado 25 de agosto de 2016 en la localidad de Panduro, durante el conflicto con el gobierno” (ED 28-IX-18).

El viceministro llegó al lugar para restablecer el diálogo entre el gobierno y los cooperativistas. El chofer añadió a sus declaraciones “Vi al coronel José Luis Araníbar en un vehículo Nissan de color beige, en el interior vi como a cinco personas, incluyendo al coronel, que todos estaban armados, portaban armas largas porque la posición de agarre de armas eran con cañón hacia abajo, pero el brazo doblado a la altura del pecho”.

Lo extraño de este caso es que, no obstante los compromisos del gobierno, nunca se haya sabido qué es lo que pasó con las investigaciones y menos de que hayan sido apresados y juzgados los culpables. El caso tanto para los mineros, compañeros de los victimados, como para la población y familiares, es extraño y requiere que sea aclarado debidamente “porque no puede quedar en la impunidad”. La extrañeza y protesta de la población fue total en su momento, porque no se concibe que una victimación semejante se haya cometido contra un alto funcionario de gobierno que buscaba el diálogo y que, en represalia se haya victimado a mineros. Por parte del ministerio respectivo se dijo que “se ultimará todos los medios para esclarecer el caso”; sin embargo, se informó en su momento que el viceministro “se puso en contacto varias veces con las autoridades del ministerio demandando el envío de refuerzos para contener cualquier extremo y, sin embargo nadie hizo caso a sus demandas de ayuda”.

Este es un problema que ingresa en las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” para que sea el tiempo el que entierre todo y quede en absoluta impunidad. El hecho de que los mineros reclamen y exijan que se haga justicia no es nuevo y menos extraño; al contrario, corresponde plenamente cualquier exigencia para que se haga justicia.

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