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Estados Unidos

Juez niega apelación de exautoridades bolivianas

> La sentencia de 2018 determinó el pago de 10 millones de dólares como indemnización por daños y perjuicios para los familiares de las víctimas mortales de la denominada “guerra del gas” en el año 2003 > Tras fallo del juez James Cohn de Estados Unidos, la defensa legal de las exautoridades informó que no se trata de una decisión final y que se planea apelar ante la misma



Un juzgado federal de los Estados Unidos determinó negar la apelación presentada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín por una sentencia que en 2018 determinó el pago de 10 millones de dólares como indemnización por daños y perjuicios para los familiares de las víctimas mortales de la denominada “guerra del gas” en el año 2003.

En el proceso desarrollado en 2018, un tribunal de distrito encontró culpabilidad en los exgobernantes por lo que se determinó el pago de este resarcimiento, siendo la primera vez que un expresidente enfrentará a sus acusadores en un proceso por violación de derechos humanos, la parte acusada apeló el fallo y el pago de la indemnización hasta que la jornada pasada, el tribunal de primera instancia rechazó esa solicitud.

El anuncio fue realizado por el abogado Thomas Becker, quien mediante su cuenta de Twitter informó que el juzgado norteamericano en el que se trataba la apelación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín a la sentencia de 2018 negó este recurso, por lo que la sentencia inicial, fue ratificada.

“Hoy los bolivianos hicieron historia. Un juez estadounidense confirmó un veredicto de $us 10 millones contra expresidente Sánchez de Lozada por las víctimas del ‘Octubre Negro’. Jallalla Bolivia!” compartió el jurista.

Tras conocerse la noticia, el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, celebró la determinación de la justicia norteamericana y lo calificaron como un importante precedente en contra de la impunidad y como una forma de reparación para el pueblo alteño por la masacre de octubre de 2003.

“La decisión del juez Cohn se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de Estados Unidos. El jurado en este caso promovido por los familiares de ocho de las más de 60 víctimas fatales de la Masacre de Octubre de 2003, escuchó los testimonios de 40 testigos durante un juicio oral que duró tres semanas”, señala parte de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.

“Esta noticia me trae tanta felicidad”, dijo Hernán Apaza, cuya hermana Roxana fue asesinada por soldados bolivianos en 2003. “Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”, indicó.

El tribunal de apelaciones sostuvo que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro. Ninguno de los fallecidos iba armado ni había pruebas de que representaran una amenaza para los soldados. A muchos les dispararon mientras estaban dentro de una casa o en un edificio. A otros les dispararon mientras se escondían o huían”, se señaló.

A tiempo de celebrar el fallo de la justicia norteamericana, el diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, cuestionó que desde el gobierno de Luis Arce no se priorice el proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por los delitos cometidos en contra de los derechos humanos durante ‘Octubre Negro’ en el año 2003.

Luego de que el juez James Cohn de Estados Unidos emitió un fallo contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por el caso Octubre de 2003, la defensa legal de las exautoridades informó que no se trata de una decisión final y que se planea apelar la misma.

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