SOCIEDAD    

Policía asumirá defensa en casos UMSA y Puerto Pailas

• UMSA se querelló contra el Comando de la Policía Boliviana y esta aún no la conoce • Rector Waldo Albarracín pide conocer quién dio la orden de ejercer violencia contra estudiantes y allanar el monoblock central



El Comando de la Policía Boliviana asumirá defensa legal por las denuncias que interpongan tanto la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) como familiares de Rosaly Bello, quien falleció ayer por efecto de la gasificación ocurrida en Puerto Pailas de Santa Cruz. Ambos casos emergentes de las protesta en rechazo al Código del Sistema Penal, recientemente aprobado por el gobierno del presidente Evo Morales.

El comandante general de la Policía, Gral. Faustino Alfonso Mendoza, declaró no conocer aún querella alguna relacionada con las acciones cumplidas por las fuerzas del orden público durante las movilizaciones de protesta, tan pronto sea notificado realizará la valoración legal correspondiente.

“No conozco aún querella alguna. Tenemos un grupo de asesores que hará la valoración correcta de todo lo que implique el caso. Sobre esa base vamos hacer la representación legal que corresponda, de acuerdo con cualquier denuncia que se presente”, declaró Mendoza, tras remarcar que la Policía asumirá su defensa en las instancias que corresponda.

El pasado miércoles, la UMSA presentó ante la Fiscalía una querella en contra de la Policía con cargos de allanamiento de domicilio y lesiones graves contra estudiantes, hechos registrados el 21 de diciembre/2017, en instalaciones del monoblock central, cuando un operativo policial reprimió a estudiantes movilizados en apoyo al paro médico y en rechazo al Código del Sistema Penal.

El rector de la UMSA, Dr. Waldo Albarracín, declaró que su demanda debe ser admitida por el Ministerio Público, para esclarecer los hechos ocurridos durante la violenta jornada del jueves 21 de diciembre.

“Si hubo una instrucción de parte de alguna autoridad también debe conocerse”, remarcó el rector, tras exigir al Ministerio de Gobierno y al Comandante de la Policía identificar a los efectivos que protagonizaron los hechos de violencia que dejó a un médico y varios estudiantes heridos.

CUMPLIMIENTO DEL DEBER

Al respecto, el Comandante de la Policía afirmó que las acciones desplegadas por la institución del orden fueron en estricto cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE), cuando se refiere a conflictos que podrían derivar en alteración del orden público.

CASO ROSALY BELLO

Entretanto, la mañana de ayer se conoció el deceso de Rosaly Bello (60), quien se encontraba en terapia intensiva en el Hospital Japonés en Santa Cruz, luego de sufrir una caída en medio de la gasificación policial en Puerto Pailas, circunstancia en la que sufrió un severo golpe en la cabeza dejándola, primero, con muerte cerebral, luego se produjo su muerte clínica.

Parientes y allegados de la víctima anunciaron, días atrás, tomar las acciones legales pertinentes, para esclarecer quién, o quiénes tienen responsabilidad sobre tal suceso.

Según reportaron agencias noticiosas desde la ciudad de Santa Cruz, los cartuchos de gas lacrimógeno cayeron cerca de ella al interior de su casa y ante su desesperación cayó y se golpeó la cabeza.

Al respecto, el Comandante Policial señaló que previamente conocerá los informes del Comando Departamental de Santa Cruz, con los detalles de lo ocurrido durante esa jornada.

“Hay que ver cuáles son los pormenores. Una cosa es lo que se puede decir y otra es lo que efectivamente ocurre. Se va hacer toda la valoración y análisis jurídico correspondientes, para ver cuáles son las salidas legales en relación a los diferentes aspecto del caso”, apuntó Mendoza.

En criterio del comandante de la Policía, se trata de hechos “que rayan en la ilegalidad, porque los bloqueos y otro tipo de actitudes que van en desmedro del ordenamiento legal en vigenciaados y después producirse los dictámenes legales del caso”.

Al respecto, Mendoza afirmó que la actuación policial en ambos casos de manera particular y en el cumplimiento sus funciones, será fiel guardiana del cumplimiento de la norma.

“Vamos hacer que se cumpla (la normativa). Independientemente, hay hechos que van a ser analizados y tratados con mucha responsabilidad”, declaró Mendoza, tras remarcar una previa reunión con el fiscal general del Estado, Dr. Ramiro Guerrero, con quien compulsarán, de manera conjunta, inclusive, “algunos hechos que van en desmedro de lo que es el orden establecido”.

“Vamos a trabajar conjuntamente con los fiscales para aplicar la legalidad, pues existe unidad en el trabajo que cumplen el Ministerio Público y la Policía Boliviana”, señaló.

No obstante de los hechos de violencia reportados desde Puerto Pailas, Mendoza aseguró que no hubo excesos en el uso de la fuerza pública y solamente se actuó según mandato de la CPE, las leyes y la normativa en vigencia.

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