EDITORIAL    

Iglesia considera que el DS 3.973 es irresponsable



La justeza y la precisión de los juicios de la Iglesia Católica se han manifestado en días pasados, al señalar que el Decreto Supremo 3.973 del 10 de julio de 2019 autoriza la quema controlada, por lo que llamó a la población a sumarse a las campañas de solidaridad para asistir a la población afectada por la destrucción de la Chiquitania. Así, el arzobispo de Santa Cruz en su homilía destacó: “… el gobierno fue irresponsable porque no estableció mecanismos de control efectivo, desconociendo que a estas alturas del año, en el oriente boliviano hay vientos fuertes y sequías prolongadas. Con mucha tristeza y dolor vemos una vez más cómo nuestra casa común está herida de muerte por los incendios forestales en la Chiquitania y el Chaco, con enormes daños a la salud humana y a las formas de vida de las comunidades indígenas, biodiversidad y servicios ambientales”.

Agregó el prelado: “Consideramos que estas medidas responden a una lógica capitalista, a un modelo de desarrollo altamente consumista y depredador de la naturaleza que en nuestro país se expresa en proyectos hidroeléctricos, la ampliación de la frontera agrícola, la construcción de carreteras y la vieja lógica extractivista”. Es, pues, extraño para el episcopado boliviano que las autoridades de gobierno no hayan analizado las consecuencias que tendría el decreto supremo aprobado; es extraño que por razones partidistas se haya firmado una disposición legal creyendo, casi ingenuamente, que sería beneficiosa; es más extraño que no se haya calculado las consecuencias inmediatas, tanto para los pobladores indígenas como para la flora y la fauna, al margen de la contaminación al medio ambiente. Para el gobierno, según los obispos que ya manifestaron anteriormente su criterio sobre lo hecho mediante disposiciones legales, lo hecho debe servir de experiencia y tomar los recaudos consiguientes para evitar que personas interesadas usen el decreto para continuar quemando y depredando los bosques que son vida para el medioambiente.

Para la comunidad internacional lo hecho implica una seria responsabilidad que debería ser corregida de alguna manera, aunque tarde muchas décadas la reposición de las especies de flora y fauna perdidas. La negativa a una declaración de emergencia nacional es contraria a todo sentido común y es, además, atentatoria. Por otra parte, la Iglesia -conjuntamente organizaciones humanitarias- pide que los donativos en especies y dinero sean administrados por instituciones que sean marginales al gobierno. De esta manera se garantizaría que los donativos que hacen algunas organizaciones internacionales serán distribuidos equitativamente entre los damnificados. Las experiencias en Bolivia sobre el mal manejo de donativos son múltiples, además que, lamentablemente, muchas veces por intereses y conveniencias político-partidistas se impide su llegada oportuna a quienes necesitan de comprensión y ayuda.