POLÍTICA    

Resultado de informe

En Código abrogado se gastó casi Bs 900 mil



La elaboración del Código del Sistema Penal que tuvo innumerables críticas, observaciones y un paro de los médicos de más de un mes y que finalmente fue abrogado, tuvo un costo de casi 900 mil bolivianos, según un informe que brindaron los presidentes de las cámaras Alta y Baja del Órgano Legislativo a petición de Unidad Demócrata (UD).

El pago a consultores y la organización de eventos en el proceso de elaboración del Código del Sistema Penal que comenzó en 2016 y que fue derogado costó 879.387 bolivianos, de los cuales el 84 por ciento se financió con recursos de cooperación externa y el 16 por ciento con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

“De los 879.387 bolivianos usados para la elaboración de esta norma, 736.389 bolivianos salieron de la cooperación internacional y el TGN erogó 143.000 bolivianos, mediante la Vicepresidencia”, informó Ortiz en conferencia de prensa.

Por otro lado, según los datos revelados por Ortiz, la mayor parte del dinero erogado, 586.496 bolivianos, se destinó a consultores bolivianos y extranjeros; mientras que 292.981 bolivianos fueron para eventos de socialización

Del dinero destinado a consultores, 379.476 bolivianos fueron para extranjeros, entre quienes destaca el argentino Alberto Binder con 156.857 bolivianos.

Los consultores de nacionalidad boliviana llamados para aportar a la norma recibieron 207 mil bolivianos.

Según la respuesta oficial que recibió en la fecha, seis consultores extranjeros cobraron Bs 379.496 por comentarios puntuales a párrafos de la norma, mientras que cinco consultores nacionales cobraron Bs 207.000 por contratos que no superaron los 20 días de trabajo, excepto en un caso.

“Todos estos contratos fueron suscritos directamente por la Vicepresidencia del Estado, por contratación directa”, dijo Ortíz y lamentó que no se hubiera realizada “una convocatoria competitiva para que los mejores expertos en derecho penal se hubieran presentado”.

El opositor expresó su crítica a que la Vicepresidencia haya realizado contratos con juristas consultores de manera directa. Dijo que de tener la verdadera intención de mejorar la justicia se debía hacer una convocatoria y examinar competencias.

“NO SE GASTÓ NI UN CENTAVO”

En enero pasado, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional “no gastó ni un solo centavo” en la elaboración del Código del Sistema Penal.

“Ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores han gastado ni un solo centavo para la elaboración del Código del Sistema Penal, lo que se ha hecho es echar mano de funcionarios de ambas cámaras que han sido los autores o coautores del Código”, indicó a los periodistas.

El titular del Senado explicó que para la elaboración de la norma se contó con la colaboración de la doctora Pilar Quintanilla, directora jurídica de la Cámara de Senadores y de Diputados, la doctora Jovana Mendoza, quienes afirmó que compartieron su tiempo entre las funciones que deben cumplir en ambas cámaras y la redacción del Código.

Indicó que Reynaldo Imaña condujo el equipo técnico para la redacción de la norma, quien trabajó con recursos asignados a la parte jurídica del Senado y en determinado momento con presupuestos de la cooperación de instituciones internacionales, de las que no dio mayor información.

Agregó que también se recibió la visita del doctor Alberto Binder, experto en derecho procesal penal, para tener su opinión sobre la norma.

“Llegó aquí con sus pasajes y estadía pagada con recursos de la cooperación, porque no hemos gastado como Asamblea ni un solo centavo en el Código del Sistema Penal”, sostuvo.

Por su parte, la presidente de Diputados, Gabriela Montaño, agregó que otros expertos en materia jurídica como el doctor Peter Horsch y otro del Ecuador opinaron sobre el Código desde el punto de vista de sus áreas de especialidad.

Asimismo, indicó que a su parecer los únicos recursos “mal utilizados” en la Asamblea Legislativa para la redacción del Código fueron los sueldos de los legisladores de oposición que trabajaron durante 11 meses en los que se discutió el contenido de la norma.

Sin embargo, el informe remitido recientemente contradice las afirmaciones de ambas autoridades porque se gastaron casi 900 mil bolivianos en la elaboración del Código abrogado.

El vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la polémica norma el 15 de diciembre de 2017. Entonces aseguró que la elaboración del Código había costado solamente el salario de los asambleístas que lo trataron. El 21 de enero, el presidente Evo Morales instruyó que se derogue la norma, tras protestas que hubo en su contra.

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